Fueron encarcelados en Veracruz dos usuarios de Twitter y Facebook bajo las acusaciones de terrorismo por enviar mensajes falsos sobre hechos delictivos a través de las redes. María de Jesús Bravo Paloga y Gilberto Martínez Vera recibieron auto de formal prisión este primero de septiembre. ¿Es un acto terrorista el cometido por los cibernautas o es el Estado el que ejerce terrorismo contra la libertad civil?
A pesar de que el caso es el primero en México, donde usuarios de Internet son detenidos por enviar mensajes falsos que provocaron pánico social, a nivel internacional tales medidas han sido aplicadas en otros países donde existe un férreo control sobre los contenidos en la red, como ocurre en China, Venezuela, Libia, Túnez, Egipto, Irán o Hungría.
Tal vez la referencia más conocida es el caso de Estados Unidos, donde después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno dio facultades a sus órganos policiacos para vigilar las comunicaciones civiles a través de la red para encontrar a “terroristas”. El gobierno norteamericano ha aprovechado cualquier daño a su sistema para intentar controlar la red: En 2010 intentó regular Internet luego del ataque de hackers contra Sony y Nasdaq, en tanto en mayo pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton presentó una iniciativa para dosificar la información de la supercarretera de la información luego de los escándalos desatados por WikiLeaks.
Respecto a las sanciones contra usuarios de Internet existen ejemplos de todo tipo, como es la detención de un internauta en Corea del Sur por predecir la quiebra de Lehman Brothers y la depreciación del Won frente al dólar en 2009, el encarcelamiento de la bloguera Lyndal Harrington por realizar críticas en contra de la familia de la fallecida ex modelo Anna Nicole Smith, la condena a tres años de cárcel contra Maikel Nabil a principios de 2011 por reprobar las acciones del ejército egipcio o la sentencia condenatoria que recibió el mes pasado el disidente Pham Minh Hoang por escribir artículos en la red en contra del régimen vietnamita.
¿Hasta donde el Estado tiene la libertad de controlar la libertad civil en la red y hasta donde la sociedad civil tiene la libertad de expresarse en Internet? Bajo estas preguntas podemos analizar tres aspectos que han aparecido en la reciente historia de la red:
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El poder político ha intentado controlar la red cuando ve afectados sus intereses políticos y económicos.
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El Estado utiliza sus aparatos coercitivos y legales contra los usuarios según sus políticas públicas.
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La red es utilizada por usuarios y todo tipo de organismos para sus propios fines, incluyendo para calumniar, denostar, difamar, etcétera.
Si bien el Estado como aparato político puede intentar controlar la red y a los usuarios, ¿cuál debe ser el papel del cibernauta en la red?, ¿dónde quedan los límites entre la libertad de expresión y los derechos de terceros? La gran libertad que genera Internet debe ser defendida porque puede mejorar los niveles democráticos de una sociedad, pero también está comprobado que puede ser un mecanismo de manipulación y persuasión, principalmente en las arenas políticas (como los procesos electorales registrados en varios estados mexicanos en 2010).
El caso de Veracruz
La jueza Beatriz Hernández dictó este primero de septiembre auto de formal prisión en contra de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez al considerar que los usuarios de Internet utilizaron Twitter y Facebook para enviar mensajes con fines terroristas y de sabotaje, delitos tipificados en el Código Penal local.
Los hechos se remontan al pasado 25 de agosto cuando dichos usuarios enviaron a través de las redes sociales más de 30 mensajes donde alertaban a la población sobre supuestos ataques de cárteles del narcotráfico en contra de instalaciones educativas donde presuntamente habían sido acribillados varios niños. Según reveló el propio secretario de gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, los posts y tweets provocaron “sicosis entre la población”.
Al respecto Amnistía Internacional emitió este mismo día un comunicado donde consideraba injusta la detención de la periodista Bravo Pagola y del maestro Martínez Vera bajo los cargos de terrorismo. Amnistía consideró que los procesos judiciales en contra de los presuntos responsables son irregulares, pues se les mantuvo sin comunicación por más de 60 horas como medida de presión para que confesaran sus delitos.
A Bravo Paloga y Martínez Vera se les acusa de terroristas, lo cual considero una medida desproporcionada por parte del gobierno estatal, más si definimos al terrorismo desde sus orígenes en Francia del siglo XVIII: el uso del poder coercitivo contra la población civil. La jueza deberá comprobar los delitos por sabotaje y generación de pánico entre la sociedad como medidas premeditadas por los cibernautas.
Por otro lado, según las primeras declaraciones, Bravo Paloga y Martínez Vera difundieron “rumores” que desencadenaron miedos profundos entre la comunidad. Los miedos no han sido detonados en la sociedad por causas endógenas, sino por el contexto: un aumento creciente de la violencia en la vida colectiva de los mexicanos a partir de 2006 cuando inicio la guerra del gobierno federal en contra del narcotráfico.
En el caso de los tuiteros de Veracruz, no se trata de un acto terrorista como han sido calificados los ataques al Casino Royal, a las Torres Gemelas o a la Estación de Atocha en España, sino de un probable uso irresponsable por parte de dos cibernautas que utilizaron la libertad que da la red para propagar información falsa, sin comprobación y que a través de la red se convirtió en una verdad electrónica.
Lo novedoso del caso es que por primera vez un gobierno utiliza las instituciones judiciales en contra de dos cibernautas. Hay hechos anteriores que han pasado desapercibidos y en donde nunca hubo detenidos, aquí dos ejemplos: entre julio y septiembre de 2009 circularon correos electrónicos en Zacatecas que alertaron a la población sobre “ataques” con granadas y fusiles de asalto a quienes asistieran a la Feria del Estado, la fiesta organizada por el gobierno fue un fracaso. En abril de 2010 en el Estado de Morelos, circularon rumores a través de las redes sociales que provocaron pánico civil y cierre de comercios.
En México las noticias falsas no sólo circulan por la red, sino también por los medios de comunicación tradicionales y los programas de “chismes”. Por tal motivo el encarcelar a dos usuarios de la red puede ser calificado como un atentado contra la libertad de la red, pero por otro lado la falta de límites éticos de los usuarios puede también detonar efectos negativos no sólo contra el poder político, sino contra otras esferas sociales.
El Estado no debe intentar controlar la libertad de la red ni los contenidos que circulan, sean rumores o verdades. Además de que no debe, es imposible hacerlo. Los usuarios deben ser responsables de lo que publican, pues la red no tiene límites, menos en la época actual donde la falta de información sobre la narcoviolencia se llena de rumores, expandiendo a través de Internet el miedo y terror, que algunas veces es infundado.
Fuente http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=8968
